"LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE"

(Una revisión acerca del destino de los imputados por la judicial. Publicado en diario La Nación. Lunes 23 de enero de 2006).

Mientras la reforma procesal penal sepulta las prácticas abusivas del antiguo sistema inquisitivo, se consagra una justicia más expedita y diligente cuya apuesta es que nadie sea declarado culpable en tanto no se acredite su responsabilidad. El fenómeno lo advierten incluso los imputados, según constata una investigación de la Universidad Diego Portales. Ellos están viendo la otra cara de la moneda.

“Hay momentos en que no puedo resistirme y hago cosas que no son correctas. Yo necesito que me ayuden. Que no me dejen ahí no más. Que no me condenen. Que me ayuden, porque yo me conozco y sé que si ustedes no me ayudan, voy a matarme”.

Sergio Enrique Espinoza Moncada, más conocido como “el violador de Reñaca”, se dirigía así a los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar que ponderaban su caso y que además escuchaban otro relato sorprendente. “Voces” lo habrían impulsado a delinquir. Ese lunes 19 de diciembre la Fiscalía calificaría sus palabras como una estratagema de la defensa.

El país veía en una culposa declaración a uno de los imputados más cuestionados del último tiempo, pese a que estar en el banquillo de los acusados no le hacía aún realmente culpable. La opinión pública lo había sentenciado.

Contra Espinoza Moncada pesaban 26 denuncias de abuso sexual y robo con violencia e intimidación. Dos días después, el juez Juan Ángel Muñoz dictaminó que era culpable de 21 cargos, por lo que cumplirá 40 años de reclusión efectiva sin beneficios.

“Es un asunto complejo, pero debemos ser claros: si el cliente pide al defensor que los medios de comunicación no registren imágenes, éste lo va a hacer”, advierte el defensor nacional Rodrigo Quintana. “El abogado trabaja para su cliente, no para la Defensoría. Si cualquier persona con recursos contrata uno, le pedirá que le represente de cierta manera, lo que no tiene por qué ser distinto para la gente sin medios. El juez puede prohibir tomar imágenes, pero no el acceso a las audiencias, salvo casos muy calificados como delitos sexuales cuya víctima es un menor de edad. Afortunadamente, ha primado la difusión sin restricciones de la nueva justicia”.

La Defensoría Penal Pública funciona desde 2001. Ha atendido más de 250 mil casos, entre personas investigadas judicialmente o con presunción de serlo y, fundamentalmente, aprehendidos desde antes del control de detención justamente para ponderar su legalidad.

Hay más de 400 defensores en el país, 160 de ellos en la Región Metropolitana, la única con dos defensorías. Si bien Quintana reconoce que los imputados valoran contar con abogados profesionales, sabe que crecerá el nivel de exigencia por lo que se incrementará aún más la relación defensor/cliente, extendiéndola a “aquel usuario indirecto más allá de este vínculo”. Es decir: familiares de imputados y procesados.

El tema constituye también punto focal de un reciente estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (UDP), cuya autora es la socióloga Alejandra Ramm. Registra el seguimiento a 31 imputados (precisamente así se titula la obra) de ambos sexos en el sistema inquisitivo y en el de la reforma, más la opinión de 38 actores vinculados al mundo judicial.

Miseria en primera persona

“Estoy preocupado en realidad y sin conocimiento de nada, esa es la verdad. ¿De qué me acusan al final? ¿Cuál es mi proceso? ¿Qué va a pasar? No tengo idea a qué van a llegar, ni qué es lo que se está haciendo”. Sombrías interrogantes de un chileno imputado antes de la reforma procesal penal que a los 21 años se sabe inmerso en un engranaje que no comprende porque la Justicia le resulta inescrutable. Sometido a prisión preventiva y a una investigación escrita que desconoce por estar bajo “secreto de sumario”, este “primerizo” conoció el peso de la noche de vivir largo tiempo sin fallo de culpabilidad o absolución.

¿Quiénes son la silenciosa mayoría de los imputados por la Justicia? El estudio de la UDP subraya que si bien no son autores de la mayor parte de los delitos, ciertas características les estigmatizan. Son de clase media-baja o sencillamente pobres, acosados por la precariedad económica, el desempleo o trabajos mal remunerados. Fundamentalmente dejan de estudiar a nivel secundario. Son inadaptados sociales, herencia de sus familias disgregadas. Y consumen mucha y diversas drogas. Son, por tanto, “probables” delincuentes o criminales. Carne de cañón.

Esta turbulenta mezcla genera personas para quienes entorno y prójimos se vuelven amenazantes. Su respuesta, como subraya Ramm, es inmediata: “Aunque los bajos niveles de confianza de este grupo no escapan a la tendencia de la sociedad chilena en general, en imputados y procesados la desconfianza se agudiza”.

Altamente reactivos al medio externo, cuando entran al mundo cerrado, incierto e incomprensible de normas jurídicas y procedimientos penales derivan en una pesadilla de paranoia y desmoronamiento.

Un imputado de casi 50 años relata así su temporada en el infierno de la reclusión. “Ayer en mi calle mataron a un tipo de una estocada. Adentro hacen cuchillos de cualquier cosa. El cuchillo más chico allá dentro mide lo que una pierna. ¡Hay unos de hasta dos metros! Los hacen con todo lo que encuentran: madera, fierros de la construcción. Desarman todo”. Quienes se han enfrentado a los designios de la justicia cuentan con cierta experiencia para verse cara a cara con el miedo. No así los primerizos.

Y justicia para todos

Desde los tiempos de la Colonia rige en el país un sistema “inquisitivo” con prácticas que coartaban la ecuanimidad. Así, un juez recogía pruebas en la etapa investigativa (sumario), mandaba a la policía en sus pesquisas y acusaba. Tras los descargos y apelaciones, condenaba o absolvía. Como tramitaba numerosos casos, constantemente delegaba poder en un actuario que llegaba incluso a interrogar.

Los antecedentes iban a expedientes escritos a los que defensa e imputado no tenían acceso hasta cerrarse las indagaciones. Por su parte, el abogado podía pedir la libertad o algunas diligencias. Y poco más que eso.

El imputado no iba a ganador. Angustiado por diligencias sin plazo definido, desde la detención y pese a poder ser puesto a disposición del juez en 48 horas podía estar preso cinco días más. Y todo ese tiempo sin defensa.

El cambio es radical, destaca Andrés Baytelman, fiscal jefe de la Unidad de Focos Delictuales del Área Metropolitana Centro Norte, caracterizada por concentrar la mayor cantidad de denuncias de todo tipo de delitos en la región. “Por así decirlo, en el sistema antiguo no existía el derecho a la libertad como tal. Se vulneraba en la práctica la presunción de inocencia’ al punto que el mero procesamiento originaba la prisión preventiva siendo que la condición natural de un inocente es la libertad, la que al darse, además, era provisional”.

Hoy, en cambio, el principio está asumido por fiscales, jueces y defensores como rector de la reforma de procedimiento penal. Además, existen diversas medidas cautelares que no implican reclusión, “lo que no quiere decir que bajo determinadas circunstancias, y aún respetando tal presunción, las personas no puedan quedar en prisión preventiva. Pero ahora se consagra sólo a casos muy necesarios”, advierte Baytelman.

Si bien el antiguo sistema inquisitivo sigue tramitando causas, todas las ingresadas tras la reforma siguen su propio procedimiento en el que un fiscal acusa, un defensor -valga la redundancia- defiende y un juez dicta sentencia. Su carácter oral y público garantiza que imputado y víctima se vean las caras.

Igualmente, consagra una serie de derechos, partiendo porque el detenido debe ser puesto frente al juez de garantía a lo más en 24 horas. Y algo trascendental: los plazos de las diligencias son claramente delimitados “situación absolutamente opuesta a lo que sucede con los procesados del sistema antiguo, quienes podían esperar dos, tres y hasta cinco años para ser condenados”, como remarca la autora de “Imputados”.

Entrevista al Defensor Nacional Rodrigo Quintana

“Cuando alguien entra en el proceso penal lo hace también su entorno y seres cercanos” Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en todo el país, ya es posible para las autoridades barajar primeras evaluaciones. Entre ellas surge que pese a los vaticinios tremendistas, la Región Metropolitana no se vio “colapsada”.

Así lo subraya el defensor nacional Rodrigo Quintana, desmintiendo que se registrara una “avalancha” de denuncias como se planteó. “Ello no sucedió, desvirtuando aquellas estimaciones erróneas que se barajaron públicamente. Se habló incluso de que llegaríamos a unas 480 mil causas judicializadas, mientras nuestra proyección era de alrededor de 320 mil. Recién hoy estamos llegando a esa cifra”.

-La nueva justicia se caracteriza por su carácter público, lo que redunda en que los imputados puedan ser estigmatizados como culpables antes de tiempo. ¿Cómo el defensor enfrenta esta realidad respecto a su cliente?

- La labor del defensor público es representarlo de acuerdo con las instrucciones que le dé. La Defensoría intenta reproducir el contrato privado de defensa mediante un profesional proporcionado por el Estado para personas que carecen de medios para contratar uno. El dueño de la defensa es el cliente, no la institución. El defensor puede pedir que se prohíba el registro de imágenes del imputado e incluso que se dé a conocer su identidad, pero debe apegarse al mandato de su cliente, sin hacerlo jamás por propia iniciativa.

-¿Qué percepción advierte en los imputados frente al nuevo sistema penal y cuál es la autocrítica que surge tras esta constatación?

- A nosotros nos interesa conocer la experiencia de vida de quienes recurren a la Defensoría en el nuevo proceso, que es mucho más humano pese a no desconocer que enfrentarse a la justicia es un proceso de por sí traumatizante. Hay muchas cosas que mejorar, entre ellas incrementar la relación con nuestros clientes. Para una persona privada de libertad es fundamental tener contacto con su abogado y ello debe hacerse con cada vez mayor frecuencia, materia que estamos reforzando en la Defensoría, conscientes también de que cuando una persona ingresa en el proceso penal lo hace también su entorno y seres cercanos.

-¿Se registran tensiones en la dinámica de trato entre defensor y familiares?

- Es una relación un tanto difícil. Diversos estudios sobre cómo nos perciben los usuarios indican que los imputados nos valoran mejor que sus familias. Hemos advertido claramente el fenómeno y por ello estamos hasta modificando los espacios físicos para recibir a las familias para que sean más cómodos y espaciosos y no se generen traumas adicionales. Si comparamos la actual justicia con el sistema anterior, nos encontramos en un plano alentador, pero sabemos que con el tiempo deberemos enfrentar un mayor nivel de exigencia de los usuarios.